Los más pesimistas destacan que la visita de Michelle Bachellet a Venezuela, que comenzó este miércoles, y las conclusiones a las que pueda llegar sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela no tienen efecto vinculante, es decir, no resultarán en ningún mandato de obligatorio cumplimiento.
En sus primeras horas en el país, fue recibida en cancillería venezolana por el ministro Jorge Arreaza, quien expresó tras el encuentro que el presunto bloqueo de las potencias extranjeras «dificulta el avance» del «modelo de protección social» del Gobierno chavista. «Examinamos los desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos», añadió Arreaza antes de señalar que el Gobierno espera la orientación «constructiva» de la oficina de Bachelet en el tema de los derechos fundamentales.
Sin embargo, el revuelo que se ha generado en torno a su visita dice que es importante más allá de este aspecto. La expresidenta de Chile es actualmente la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la máxima instancia mundial que vela por el respeto de los derechos fundamentales en el mundo y que en septiembre del año pasado, tras reconocer que existe una crisis humanitaria en Venezuela, le dio el mandato de presentar un informe final a finales de junio de este año tras años de denuncias sobre la violencia que ejerce sobre sus ciudadanos el régimen chavista y la situación de los venezolanos.
En ese sentido, los expertos en materia de derecho humanitario destacan que se trata del último gran paso de la Comisión para presentar un informe que suele ser considerado por la comunidad internacional entera como la radiografía oficial más confiable sobre si se respetan los derechos humanos en un país o no.
La visita de Michelle Bachelet es la culminación de un ciclo de investigación, no la investigación en sí misma, sobre el caso venezolano
“La visita de Michelle Bachelet es la culminación de un ciclo de investigación, no la investigación en sí misma, sobre el caso venezolano”, advierte la ONG Acceso a la Justicia, que destaca que estos informes pueden llegar a tener un gran impacto político incluso ante la Corte Penal Internacional.
“La misión de la alta comisionada respecto de Venezuela no se va a agotar con su visita al país, sino que continuará con la presentación de un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos en julio, donde esperamos haya un reflejo fiel de la atroz situación venezolana”, enfatiza la ONG, que asegura al venezolano común que “el simple hecho de que ocurra esa visita no es un triunfo del régimen, sino de todas las víctimas que ha ignorado y, en consecuencia, una luz de esperanza en las tinieblas que actualmente nos rodean, pues cada vez que se oye la voz de alguien a quien han violado sus derechos, se acerca un poco más la justicia”.
Mucho se especuló sobre algunas concesiones que haría el régimen de Nicolás Maduro como preámbulo a la visita de Bachelet, como la liberación de un importante grupo de presos políticos, que hoy suman 693 personas según el Foro Penal Venezolano. Esa organización destaca que en los últimos días han sido excarcelados 60, entre los que se destaca el diputado Gilber Caro, detenido y recluido en los calabozos de la policía política (la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN) el 26 de abril.
Trabajadores protestaron este martes, exigiendo la presencia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la Plaza de la Moneda, en Caracas.
Rayner Peña
La expectativa apuntaba a que fueran excarcelados también el diputado Juan Requesens y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, pero hasta el momento no ha ocurrido.
Al respecto, en una alocución televisada, Maduro dijo este miércoles esperar que la reunión con Bachelet “sea para bien”, para “escuchar recomendaciones”, y “para que Venezuela mejore”.
La visita que emprende Bachelet fue precedida en marzo por el envío de una comisión de cinco representantes de su despacho que estuvo dos semanas en Venezuela.
Apenas terminado ese reconocimiento, la Alta Comisionada presentó un informe preliminar oral ante la Comisión en la que avanzó varias alertas que representaron un mazazo diplomático para el régimen chavista.
En ese momento Bachelet aseguró que las autoridades venezolanas “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos” y señaló la actuación violatoria de Derechos Humanos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), quienes asesinan personas en operativos clandestinos de represión, entre otras cosas.
Su observación de que la crisis por la que atraviesa Venezuela comenzó antes de las sanciones económicas impuestas desde Washington fue considerado un logro por las ONG de Derechos Humanos que trabajan en Venezuela.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas
